En lo que queda de año y comienzos del próximo se espera una oleada de grandes músicos e intérpretes internacionales – desde Ricardo Arjona hasta AC/DC- La polémica ya ha surgido por la arista de los recintos que albergaran estos mega-eventos. Pero el debate que comenzará ha abrirse es uno más antiguo: los precios de sus entradas.

En Chile, el debate tiene una extensa trayectoria. Y ésta habla de que la comodidad y la satisfacción del consumidor no han sido prioridades para las grandes productoras detrás de estos eventos. En 1994 un deteriorado Estadio Santa Laura albergó la primera visita de la banda inglesa de los sesenta Deep Purple. En la oportunidad, un enfervorizado público trepó las torres de iluminación emplazadas en la cancha. Una de estas cedió en pleno concierto causando varias decenas de heridos, por suerte sin heridos fatales. Las autoridades declararon el recinto “no apto” para espectáculos de ese tipo, y fue marginado durante varios años hasta que fue remodelado. Escatimar en gastos tuvo su consecuencia.

Durante 2006 el Vertigo Tour de la banda irlandesa U2 dejó un sabor agridulce en muchos de sus fans. La unión comercial de la gigante de la venta de entradas Ticketmaster con la casa comercial Ripley no hizo más que provocar problemas para el público. Los reclamos por recargos indebidos y el difícil acceso a los tickets llegaron hasta el Sernac. El director del organismo, José Roa, dijo entonces: “El derecho del consumidor de pagar su entrada sin recargo debe ser respetada en los puntos de venta. Y las compañías detrás de estos eventos deben respetar los precios que publicitan”. Declaraciones del organismo de este tipo comenzarían a ser habituales en la prensa.

Pero las alianzas de Ticketmaster estarían lejos de suprimirse. En 2007 se uniría esta vez con Banco de Chile. La polémica surgió por una pre-venta exclusiva de las entradas del primer concierto de Madonna en Chile. Sólo clientes de la entidad bancaria tendrían acceso a un primer cúmulo de entradas. La discriminación era evidente. La propia diva tuvo que salir al paso pidiendo disculpas por todos los “inconvenientes” en su página Web. Mientras, la productora transnacional encargada del evento, Time For Fun, accedió a suprimir la medida sólo después de que se interpusiera un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. A pesar de todo, no dejó de recolectar sus beneficios por conceptos de publicidad. Y deja por sentado que si no hay amenaza de tribunales, no hay falta.

Hoy, Ticketmaster continúa en el centro de la polémica. La empresa ha anunciado hace algunas semanas la inminente fusión con la productora de Live Nation Entretainment, dueña no sólo de los contratos de los artistas como Madonna, U2 o Rolling Stones, sino también de diversos teatros, arenas y recintos donde se realizan las lucrativas giras de éstos.

Muéstrame el dinero

Por un carril paralelo ha corrido el dilema de los altos precios de los tickets. La pregunta que surge es ¿En qué se basan las productoras para cobrar montos que comparativamente están entre los más altos de Latinoamérica? Según datos, la mayoría de las productoras, tanto locales como extranjeras, utilizan argumentos que se pueden resumir en uno: el costo. Ya sea por la lejanía geográfica, lo pequeño del mercado, el elevado sueldo del artista o la masiva crisis de la industria del disco en el mundo, es el público el único que ha debido asumirlo. Y sin nada a cambio.

El negocio se encuentra en alza. Y el dinero entra. Pero de ahí en adelante es muy poco lo que sabemos.

Según cálculos, la venta de la totalidad de las locaciones de los dos conciertos del Sticky & Sweet Tour de Madonna dejó cada uno nueve millones de dólares. Cerca del 35% quedó en arcas fiscales por concepto del impuesto adicional a la renta de empresas no residentes en el país. A lo que se suma el arriendo del recinto –el Estadio Nacional, nueve millones de pesos- y la entrega de 600 invitaciones a Chiledeportes. “Las invitaciones forman parte de un antiguo protocolo y está vigente para cada evento, no sólo para el de Madonna”, explica Claudia Castro, administradora del coliseo de Macul.

Habría que agregar los porcentajes de la Sociedad de Derecho de Autor (SCD) y Ticketmaster. Lo que raya para la suma da un total de más de tres millones de dólares –sin agregar los ingresos por publicidad y merchandising- para la productora. Un negocio redondo si pensamos que además pueden evadir el 19% por concepto de IVA, si catalogan el evento como cultural y obtener el auspicio del Ministerio de Educación o alguna embajada.

A través del Mundo

Pero en el globo las quejas también se han dejado caer. En España han surgido organizaciones como FACUA-Consumidores en Acción que denuncian practicas “abusivas” de varias promotoras de festivales como “no entregar las condiciones de seguridad mínimas, o “no devolver las entradas en caso de modificación de los carteles de artistas”. Esto se replica en otros países como Gran Bretaña, Francia y Holanda sedes de los principales festivales estivales de Europa.

Sacrificar calidad se ha convertido en la regla. Y para un fanático hoy, sólo queda endeudarse con una casa comercial. Pero ni asiento numerado, estacionamiento, seguridad o servicios básicos están asegurados.

Un ejemplo es el Club Hípico. El espacio de Santiago centro provocó enormes problemas en los conciertos de artistas juveniles como Hannah Montana y Jonas Brothers. Miles de padres preocupados por la seguridad de sus hijos. A lo que se sumarón las incomodidades para comunidades residenciales aledañas: ruido –el recinto es abierto-, suciedad, etc. Sabemos de qué es capaz una adolecente enfervorizada –si no pregúntenle a cualquiera de “Yingo”.

La mayor responsabilidad de entregar un servicio de calidad, en estos casos, ciertamente recae en los privados. Pero tampoco se puede obviar el esfuerzo en conjunto –artistas incluidos, como el caso de Metallica que en su próximo show en el Madison Square Garden puso un tope máximo para el precio de sus entradas; o Norah Jones que realizó una petición similar para su concierto en Chile- con las autoridades. Estas últimas, en el sentido de velar por el justo equilibrio entre costo y beneficio. De lo contrario, la cultura y el entretenimiento seguirán siendo privilegios de algunos.